En 1994 el asesinato del conscripto Omar Carrasco sacudió al país, y despertó un intenso debate acerca de los problemas que traía el Servicio Militar Obligatorio.La "colimba" era un sitio de desgaste, maltrato y mandato vertical, pero la muerte del joven de 18 años obligó al gobierno de Carlos Ménem a suspender la Ley 17.531. En su lugar se promulgó la Ley 24.429, que establece la convocatoria de soldados en forma voluntaria, con cupos establecidos anualmente por el ministerio de Defensa y avalados por el Poder Ejecutivo. Lo que pocos saben es que dicha ley -que reemplaza a la suspendida- tiene un artículo que habilita el llamado obligatorio en determinadas situaciones.
La Ley 17.531, en efecto, no fue derogada nunca, sino que se suspendió. El artículo 19 de la Ley 24.429 establece que "en el caso excepcional que no se llegaran a cubrir con soldados voluntarios los cupos fijados de acuerdo con el artículo 3 -que dice que el ministerio de Defensa solicita anualmente los cupos con aval del Presidente-, el Poder Ejecutivo podrá convocar, en los términos establecidos por la ley 17.531, a los ciudadanos que en el año de la prestación cumplan 18 años de edad y por un período que no podrá exceder de un año". Es decir, la nueva ley de servicio voluntario establece la posible y eventual obligatoriedad del servicio militar en los términos de la ley suspendida.
En el caso de que el ministerio de Defensa no cubriera los cupos solicitados con los voluntarios inscriptos, solicitará al ejecutivo la convocatoria obligada, y el presidente deberá conseguir el aval del Cogreso Nacional para hacer efectivo el llamado.
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